2 detenidos en la ciudad de Santiago por estafar a inmigrantes prometiéndoles facilitar su regularización

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La Policía Nacional ha informado este jueves de que ha acabado una investigación, procediendo en el trascurso de exactamente la misma a la detención de una pareja como supuestos responsables de delitos estafa, intrusismo profesional, falsedad reportaje y contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.

Conforme traslada en un comunicado, la comisaría compostelana recibió una serie de informaciones sobre posibles estafas que se estarían cometiendo con el propósito de legalizar la situación administrativa en España de extranjeros y aprovechar la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes que deseaban regular su situación para radicar legalmente en España. 

Con el comienzo de la pandemia por el covid-diecinueve todos y cada uno de los trámites de extranjería se efectúan con cita anterior, teniéndose conocimiento que en distintos puntos de España ya se había procedido a la detención de personas que se lucraban revendiendo citas anteriores para gestionar diferentes permisos de extranjería, todo ello debido a la complejidad de conseguir una cita, puesto que las oficinas de extranjería se vieron “desbordadas”. 

La Comisaría de S. de Compostela, en el dispositivo de Seguridad establecido con ocasión de la celebración del año Xacobeo veintiuno-veintidos sobre las distintas áreas de investigación, sostenía a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras en “alarma y vigilancia” sobre estos hechos.

Al mismo tiempo, recibió una información del Ilustre Instituto de Abogados de la ciudad de Santiago, donde un ciudadano había elaborado una protesta, manifestando que en el tercer mes del año del año dos mil veinte había contratado los servicios de una letrada, aparentemente especialista en extranjería como su pareja, para efectuar los trámites relacionados con su regularización en España, habiendo efectuado múltiples pagos y siendo rechazado su expediente por las autoridades españolas. 

Con estos datos y en cooperación con la Fiscalía del Área de la ciudad de Santiago los agentes comenzaron una investigación proclive al esclarecimiento de semejantes hechos y bautizada como operación Papiro. Los estudiosos consiguieron identificar a la presunta mujer que manifestaba ser letrada y a la pareja de esta y como no figuraban agremiados como letrados ejercientes en ningún Instituto de Abogados de España y mucho menos como representantes en materia de extranjería.

MÁS DE cien AFECTADOS. Identificados los supuestos responsables, la línea de investigación se centró en descubrir el modus operandi de exactamente los mismos, personas que se hacían pasar por abogados especialistas en materia de extrajería efectuando distintos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de vivienda, nacionalidades y también “impulsos” de exactamente las mismas a ciudadanos establecidos, sobre todo, en la provincia de A Coruña.

La investigación destapó que la pareja detiene da no disponía de despacho físico alguno y se servía de su presencia usual en bares, cafeterías y locales frecuentados por ciudadanos extranjeros de localidades como Ames, Ribeira, A Coruña, Santiago y otras zonas de repercusión.

Cuando contactaban con ellos, les ofrecían sus servicios como abogados, aprovechándose de la vulnerabilidad y desconocimiento que muchas de estas personas tenían de las leyes españolas, de la burocracia que acarrea y beneficiándose de la situación generada por las medidas adoptadas con ocasión de la covid-diecinueve, a unos costos fuera de rango de lo que se manejan en el ambiente profesional. 

Para dar más verosimilitud a su actividad, concertaban sus citas a las puertas de organismos oficiales como Comisarías de Policía, Registro Civil, Oficinas de Extranjeros, manifestando además de esto ser especialistas en tramitación de expedientes de nacionalidad, ofertando sus servicios para “darle un impulso” a su petición y efectuando trámites de administración de negocios regentados en su mayor parte por ciudadanos extranjeros, estimando los estudiosos en más de 100 personas las perjudicadas.

ENTRE cincuenta Y doscientos EUROS. Los cobros se efectuaban en metálico, si bien a veces asimismo se efectuaban a través de ingresos en cuentas corrientes a nombre de terceros y mediante la aplicación Bizum, fluctuando las cantidades entre los cincuenta y los doscientos euros por cada administración efectuada.

Los detenidos adoptaban medidas de seguridad para eludir ser localizados como cambios de domicilio, utilización de automóviles a nombre de terceros y citas en diferentes cafeterías.

La investigación, que no se da por concluida, fue efectuada por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de S. de Compostela y los detenidos puestos a predisposición del Juzgado de Instrucción Número tres de la ciudad de Santiago.